La situación actual del Uruguay

El Uruguay es gobernado desde el año 2005 por el Frente Amplio, gobierno que ha mantenido incambiada la política económica, basada en la inversión de capitales privados internacionales como fuente de “desarrollo”, continuando en líneas generales con la política económica de los gobiernos de los partidos tradicionales, demostrando que en los hechos es un gobierno de un sector de la burguesía que tiene como principal bandera la buena gestión del Estado burgués y que lleva adelante una política macroeconómica que busca cumplir con las necesidades que el imperialismo tiene en nuestro país.

Las inversiones que arribaron al país durante el gobierno frenteamplista han estado dirigidas fundamentalmente hacia obras de infraestructura, las industrias exportadores de materias primas y a la compra de tierra y empresas nacionales.

El modelo socioeconómico llevado adelante por el Frente Amplio se asienta sobre el marco jurídico que se desarrolló durante los gobiernos blancos y colorados de la década de los 90, ya que se mantiene la Ley Forestal (1987), la Ley de Zonas Francas (1987), la Ley No 16.233 que redujo el plazo mínimo de arrendamientos de tierras (1991), la Ley de Puertos (1998), la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (1998), la Ley de Seguridad Social (1995), entre otras.

El Frente Amplio no sólo mantuvo este marco jurídico, sino que aprobó leyes como la Ley de Participación Público Privada, la reducción del IRAE del 30% al 25%, la Ley de Riego que fomenta el agronegocio en nuestro campo y mercantiliza el agua y la firma de un Tratado de Libre Comercio con Chile, realizado acorde a los mandatos del imperialismo norteamericano que utiliza a este país como punta de lanza para promover este tipo de acuerdos en la región.

Se ve claramente el consenso con las llamadas políticas neoliberales.

La llegada de capitales extranjeros al país desde el 2005 generó un aumento del PBI hasta niveles históricos, teniendo su máximo en el 2014 (57.444 millones de dólares), esto fue presentado como un éxito por el gobierno.

En esta coyuntura el salario real aumentó, al mismo tiempo que se fomentó el consumo privado a través de la extensión del crédito, y se desarrollaron programas de asistencia social que ayudar a establecer un consenso social que dio base al gobierno y establecer la idea de que la era progresista “llegó para quedarse”. Promoviendo la idea de que es posible el progreso de toda la población dentro de un capitalismo “bien administrado”.

Esto se hizo presentando las cifras de forma general, y dejando de lado que los grandes capitalistas del país se enriquecieron en varias veces más que lo que se distribuía al resto de la población.

La inversión extranjera directa (IED) en 2014 fue de 2.731 millones de dólares, siendo Uruguay el segundo país en América del Sur en relación a su PBI.

Según cifras de CEPAL, en América Latina el sector que recibió la mayor proporción de IED  fueron los servicios (47%), seguido por la manufactura (36%) y los recursos naturales (17%). La   industria manufacturera representa el 27% de la inversión en el año 2013.  

Pero  no debe confundirse, lo que figura como industrias manufactureras son las del sector alimenticio (lácteos, arroz, frigoríficos y bebidas), las de productos derivados de la  madera, las de productos metalúrgicos, cuero y sustancias químicas.

Gran parte de las inversiones en la industria están entonces asociadas al sector agroindustrial. Además, dentro de esos  datos se refleja la influencia de la construcción de la planta de celulosa Montes del Plata de capitales chilenos y sueco-finlandeses.

En  la industria  cárnica el grupo  brasileño Marfrig es propietario  de 5 plantas frigoríficas y del  51% de la curtiembre Zenda Leather,  hasta junio de 2012 cuando vendió su participación  al también grupo brasileño JBS. Este último grupo también  adquirió el área de cueros semi-terminados de la curtiembre alemana  Bader.  

Por  su parte,  el grupo Camil  alimentos adquirió  la empresa uruguaya arrocera SAMAN en 2007 por un monto de US$ 160 millones.

En  el rubro  agropecuario  se destacan las  empresas argentinas  que fueron las primeras  grandes multinacionales con intereses en el sector. En los últimos años han aparecido grupos empresariales de otros orígenes, ejemplo de ello es la presencia de las mayores comercializadoras globales de granos (ADM,  Bunge, Cargill y Louis Dreyfus).  

Una  importante  proporción de  la IED corresponde  a la compraventa de tierras, sólo en el año 2013 se invirtieron más de US$ 100 millones en tierras por parte de extranjeros. En los últimos doce años se pasó de tener 10.000 hectáreas de soja a 1.100.000, colocándose como principal cultivo agrícola. Esto trajo aparejado el uso masivo de agrotóxicos (sus importaciones aumentaron en un 120%) y semillas generando una alta dependencia de insumos extranjeros.

La  renta  percibida  por las empresas  extranjeras también  aumentó notablemente gracias  al fuerte aumento del stock de IED en los últimos años y los crecientes flujos de IED ya mencionados.

Hasta el 2014 las tasas de interés internacionales permanecían en niveles bajos, por lo que la rentabilidad de la inversión directa en Uruguay resultaba relativamente alta.

Pero para 2015 la situación cambió, las tasas de interés internacionales retornaron a sus valores estables y los precios internacionales de las principales materias primas que el país exporta descendieron bruscamente a un valor de equilibrio. A su vez las inversiones ya instaladas que ahora son parte del aparato productivo del país comienzan a dejar de invertir e inician una etapa de extracción de ganancias de las inversiones que realizaron.

Se ha llegado al fin del ciclo de bonanza para el esquema de inserción internacional del progresismo.

En países productores de materia prima como el nuestro, con poco valor agregado a lo que se produce, la principal variable de ajuste es el salario de los trabajadores. Tanto los salarios asociados directamente a las actividades de extracción y transporte de las materias primas; como los salarios indirectos que son todos los costos asociados, y que incluyen los gastos del presupuesto del Estado, son todas variables que del capital busca disminuir para incrementar su tasa de ganancia.

El actual gobierno del Frente Amplio desde su inicio en 2015 orientó su política económica a cumplir cabalmente con las necesidades del capital en el marco de la necesidad de aplicar un ajuste para mantener las ganancias del capital en el nuevo contexto.

El gobierno carga contra el pueblo el peso de la subvención al capital, destinando gran parte de la plusvalía generada por los trabajadores al pago de capitalistas extranjeros que poseen el 75% de la deuda pública. Los hechos muestran esta realidad, los recursos destinados al pago de los intereses y vencimientos de deuda aprobados en la última rendición de cuentas implican que el gobierno destinó 1436 millones de USD en pago de intereses y 1126 millones de USD en amortizaciones de la deuda.

En lugar de ajustar las cuentas contra el capital, el déficit fiscal es financiado con más deuda, de esta manera el pago de intereses que era del 2.8% del PIB en 2014 pasó a 3.4% en la actualidad. El ajuste fiscal se dirigió entonces contra el pueblo, incluyendo además un recorte del presupuesto social en educación, salud y el sistema de cuidados.

Al observar cómo se obtienen los ingresos del Estado y cómo se gasta este dinero, se ve con mayor claridad este escenario: la principal fuente de recursos son impuestos al consumo y al trabajo, aportado mayoritariamente por los trabajadores y pequeños comerciantes, mientras que el pago de la deuda externa y sus intereses ocupan el principal gasto.

El estado uruguayo es deficitario, es decir, cada año gasta más de lo que recauda, por lo que genera un nuevo aumento de la deuda por un lado, y por otro el gobierno busca equilibrar ese desbalance, algo que ha hecho por ejemplo a través de las empresas públicas, buscando que las mismas generen excedente económico que vuelquen a las rentas generales del Estado, les disminuye el dinero que les permite invertir (lo que impacta en empeorar la calidad de los servicios que brindan) así como aumenta las tarifas públicas para que se recaude más, algo que también es una reducción indirecta del salario real de los trabajadores.

De todas formas e independientemente de cómo el gobierno presete las cifras, no ha logrado nunca evitar el déficit fiscal y la deuda pública del estado uruguayo ha aumentado a niveles históricos, estando hoy en U$S 38.700 millones, lo que significa un 71% del PBI.

Uruguay no ha modificado en nada su rol histórico en el capitalismo mundial, sigue beneficiando a los monopolios imperialistas, cumpliendo su papel de proveedor de materias primas e importador de productos industrializados.

Consecuencias en las condiciones de vida del pueblo

La riqueza generada por el pueblo uruguayo sigue saliendo del país, y la sumisión al imperialismo implica una enorme expoliación de las riquezas nacionales y transferencia hacia los países imperialistas. Tanto en forma de pagos de la deuda como de remesas de las empresas extranjeras a sus casas matrices y también como colocaciones de sus ganancias en el exterior por parte de los empresarios nacionales.

Como hemos planteado, este esquema es posible gracias a la asociación de la burguesía nacional con la burguesía extranjera junto a la subordinación de los distintos gobiernos a los intereses que esta alianza tiene.

Este esquema ha tenido un impacto directo en los habitantes del campo uruguayo, el monocultivo de soja, arroz o la forestación para la celulosa implicó un aumento del precio de la tierra cuya consecuencia directa es el desplazamiento de más de 10.000 pequeños productores que no pueden sostener su actividad. Se desarrolló un acelerado despoblamiento de la campaña, la desaparición de pequeños y medianos productores y la disminución de trabajadores.

Según el anuario estadístico del MGAP del 2016 del año 2000 al 2015 se transó una superficie de casi ocho millones de hectáreas, aproximadamente la mitad de la superficie agrícola, el valor de lo transado se acerca a los 12.000 millones de USD, y el valor por hectárea pasó de 448 USD en el año 2000 a los 3.584 USD al año 2015. Además tomando los años entre el 2000 y el 2015, tenemos que el 75% de las operaciones de compraventa fueron de una escala menor a 200 hectáreas, es decir, tierras de pequeños productores que fueron absorbidas por los grandes capitales.

El crecimiento de la soja y la forestación ha sido considerable, favorecido por la legislación nacional (ley de promoción de inversiones, ley forestal, etc.), por la demanda de las papeleras que se vienen instalando y por la demanda internacional. La soja pasó de abarcar una superficie de 12 mil hectáreas en 1999/2000 a más de un millón en el 2012/2013, la forestación pasó de 150 mil hectáreas plantadas a fines de noventa a cerca de un millón en la actualidad.

Por ello la realidad concreta no es la que se presente desde el gobierno, a la fecha en el Uruguay más de 400.000 trabajadores tienen un salario líquido inferior a los 20.000 pesos, mientras la canasta básica familiar está calculada en 78.000, lo que implica que la familia tipo que se toma para hacer estas mediciones, con el ingreso de dos adultos al hogar, no alcanza para cubrir los elementos básicos.

Se suma a esto que 300.000 jubilados ganan en el entorno de los 15.000 pesos después de 35 a 40 años de trabajo.

Actualmente la tasa de desempleo para todo el país es de 8,6%, siendo 7,2 % para los hombres y 10,3% para las mujeres. Si se mira solo Montevideo llega al 9,7%.

Pero si se desglosan estos números y se observa a la población joven, de menos de 25 años, las cifras aumentan considerablemente, siendo el desempleo para ellos de  27,4%, separado en 23,6% para los hombres y 32,7% para las mujeres.

Estos son datos oficiales de las personas que necesitan y buscan un empleo y no lo consiguen, es decir la cuarta parte de los hombres jóvenes y un tercio de las mujeres jóvenes

Las consecuencias de esto también son tangibles, según datos del INE a 2018, el índice de pobreza, que mide la cantidad de personas que no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias llega al 7,9%, lo que significa unos 270.000 uruguayos que viven en esa condición.

Aportando dos datos más que permiten visualizar las condiciones de vida de nuestro pueblo, dentro de quienes están bajo la línea de pobreza, la tasa de desempleo es del 24 % (estos no son parte de los 400.000 que ganan menos de 20.000 pesos sino que se agregan)

También existe lo que oficialmente se marca como “no registrado”, el trabajo en negro, que usualmente se desarrolla en malas condiciones laborales, que alcanza a un 24,7% de los trabajadores, la cuarta parte, y que si se mira a quienes están por debajo de la línea de pobreza llega al 70%, lo cual muestra las condiciones en que se desarrolla la vida de estos trabajadores.

Hay datos también sobre el “subempleo”, gente con disposición para trabajar más horas sin poder lograrlo por falta de trabajo, pero que figura como empleada aunque su sueldo no le alcance, esta situación alcanza al 27% de la población ocupada.

Resta mencionar a los más de 300.000 trabajadores en empresas tercerizadas, estos son empleos de alta rotación, con contratos de uno o dos años, donde se pagan el salario mínimo y la precariedad laboral es alta.

Todos estos datos muestran las condiciones reales en que transcurre la vida de la clase trabajadora uruguaya.